Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela que seis de cada diez trabajadores operan al margen de la legalidad a nivel mundial, un fenómeno que se agudiza en el caso de las economías emergentes, donde llega a alcanzar el 90% de la mano de obra. (…) durante décadas en España esas actividades económicas se situaban entre el 20% y el 25% del PIB (…) la pandemia propició una reducción de esa informalidad, según los expertos más reputados en la materia, por debajo del 15% en la actualidad.
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En las fotos, a Rafael del Pino se le ve ensimismado, con un principio de sonrisa en la cara, con una serenidad solo matizada por una sospecha de displicencia, que es probablemente la que le despierta, en su lejanía, la masa compacta de nuestra vulgar humanidad. (…) Rafael del Pino se mimetizaba en aquella uniformidad corporativa y al mismo tiempo ocupaba su centro, sin necesidad de énfasis, sin provocar oleadas visibles de sumisión o reverencia, con una impasibilidad de ceremonia vaticana, de figura de sí mismo en un museo de cera. Parecía asentir a algo con toda atención y al mismo tiempo estar muy lejos. Tendía para saludar una mano eclesiástica. Cómo será tener en la cabeza proyectos de construcción de aeropuertos en Extremo Oriente y de redes de autopistas entre Dallas y Atlanta, imaginar flujos financieros que abarcan el planeta entero como corrientes atmosféricas, no descuidar los pormenores decorativos en una mansión con helipuerto en una orilla del Caribe, verse de pronto una mañana en todos los periódicos y todos los noticiarios, a la luz cruda del presente, acusado de deslealtad, de prepotencia, de codicia.
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¿Por qué recurrentemente cuando hay decisiones políticas que afectan a sus intereses los poderes económicos apelan a la seguridad jurídica? Porque es el eufemismo con el que se disfraza su manera de entenderla: que los intereses del dinero están por encima de cualquier cosa. Y los más brutos, lo dicen con mayor rudeza: que ellos crean riqueza, y que paguen los demás. Es decir, apelan a la seguridad jurídica precisamente para deshacerla, para desmontar lo que consideran un corsé. Como si seguridad jurídica quisiera decir derecho a hacer lo que yo crea conveniente independientemente de lo que diga la ley. Y si la ley no me complace, por seguridad jurídica me voy a otro país.
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