LA CEGUERA DEL SECTARIO.-
Desconozco si todos los que votan a Vox son fascistas (quiero pensar que no), pero todo apunta a que algún fascista hay entre quienes no lo votan. La intolerancia, el prejuicio y el sectarismo parecen ser signos de nuestro tiempo a ambas orillas del río.
Descalificar a todos los rentistas de avarientos especuladores es la última moda a la que se ha apuntado una legión de opinadores de gatillo fácil y brocha gorda. A ellos me dirijo. No con el ánimo de convencer —yo, como rentista, ya estoy sentenciado—, sino más bien como un ejercicio de desahogo. Casi fisiológico.
CINCO OBSERVACIONES.-
Permíteme compartir cinco observaciones que quizás no siempre se tienen presentes en el debate sobre la vivienda.
1. Si más del 25 % del precio de la vivienda nueva corresponde a impuestos, tasas y otras cargas públicas, cabe deducir que las administraciones públicas disponen de un margen importante para reducir dicho precio.
2. Cuando las administraciones públicas venden suelo edificable a precios desorbitados, están contribuyendo directamente al encarecimiento de la vivienda.
3. Si el sector público no construye suficiente vivienda para satisfacer las necesidades de la población, el sector privado habrá de suplir esa carencia. De lo contrario, habrá personas que sencillamente no tendrán dónde vivir.
4. Cuando el precio de adquisición de un bien inmueble por parte de un particular es elevado, con toda probabilidad lo será también el precio de su alquiler.
5. Si un inversor privado concluye que alquilar un inmueble no compensa su inversión, cabe esperar que lo retire del mercado en busca de una alternativa más rentable. En consecuencia, habrá menos viviendas en alquiler y el problema se agravará.
DESMONTANDO AXIOMAS.-
1. «Una vivienda jamás debería comprarse para alquilar a terceros, pues se trata de un bien esencial y no de un producto de mercado».
Este argumento tan extendido es fácil de proclamar —tiene una bonita melodía; suena muy bien—, pero es difícil de sostener. ¿O acaso no le debemos a la inversión privada, fundamentalmente de pequeños propietarios, que millones de personas tengan hoy alojamiento? No sé mañana —las circunstancias pueden cambiar—, pero hoy, desde luego, esto es difícilmente discutible.
En España existen aproximadamente 3,9 millones de viviendas alquiladas, frente a apenas 318.000 viviendas públicas destinadas al alquiler social. Es decir, el parque público de alquiler social equivale a tan solo un 8 % del total de viviendas alquiladas. ¿Quién es responsable de esta situación, el pequeño propietario o el Estado? Yo creo que todos conocemos la respuesta.
2. «Los arrendadores son responsables del encarecimiento de la vivienda como consecuencia de haber adquirido un bien inmueble con el único propósito de obtener un beneficio económico, incrementando con ello la demanda».
Yo creo sinceramente que esta afirmación tampoco se sostiene. Al menos, no planteada en esos términos. Si bien nadie niega que un aumento de la demanda, cuando la oferta es limitada, tensiona el mercado, conviene hacer una distinción:
Cuando yo compro una vivienda además de mi residencia habitual y la mantengo vacía o la utilizo como segunda residencia, estoy acaparando dos propiedades para satisfacer las necesidades de alojamiento de una sola persona o unidad familiar. Si, por el contrario, alquilo esa vivienda a personas que la necesitan, no estoy creando un problema: estoy contribuyendo a su solución.
INJUSTICIA SOCIAL.-
Soy consciente de lo poco que renta defender la labor social que ejerce un arrendador ante una audiencia progresista. Es mucho más agradecido dejarse arrastrar por la corriente que más caudal lleva. Yo, sin embargo, me resisto a ello.
A mí también me preocupa —y mucho— el problema del acceso a la vivienda, a pesar de ser rentista —o precisamente por ello—. Pero un análisis precipitado, carente de rigor, que ignore las distintas perspectivas desde las que debe abordarse, no hará sino empeorar la situación. Yo creo que es más efectivo abrir el foco y apuntar, por ejemplo, al escaso poder adquisitivo de la ciudadanía y a la responsabilidad del Estado.
No es de recibo que en la quinta economía de Europa los sueldos sean tan bajos. Según los últimos datos del INE, correspondientes a 2024, el salario modal —el más frecuente— fue de 16.520 € brutos anuales y el mediano, de 24.497 €. Pese a los avances del Estado —en 2026 el salario mínimo interprofesional se ha fijado en 17.094 €—, con estos niveles salariales, alquilar una habitación supone un esfuerzo económico considerable; alquilar un piso, algo prohibitivo.
Que esta situación sea injusta, sin embargo, no justifica que se convierta al pequeño propietario en chivo expiatorio. ¿O acaso somos nosotros los responsables de los bajos salarios o, ya que estamos, de la carestía de la vivienda que hemos adquirido para alquilar? A mí me parece que no. En cualquier caso, que yo no me sienta responsable no significa que no me indigne esta situación.
En un país en el que 9,6 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza (1.018 € netos mensuales para un hogar unipersonal), no hay casero que pueda remediar una precariedad de semejante magnitud rebajando el precio de sus alquileres. Hacer recaer esa responsabilidad sobre los pequeños propietarios sería poco razonable. Es al Estado a quien corresponde dar una solución.
EL PAPEL DEL ESTADO.-
No entraré aquí a enumerar las diferentes medidas que considero habría de adoptar el Estado (he escrito varios artículos al respecto publicados en infoLibre), pero sí diré que la mayoría de ellas poco o nada tienen que ver con el pequeño propietario.
Tampoco pretendo eximir de responsabilidad a aquellas empresas y particulares que se aprovechan de la escasez de vivienda para imponer unos alquileres abusivos. Hay medidas que conciernen al arrendador y que, en mi opinión, son necesarias. Las soluciones estructurales tardarán años en dar sus frutos y, mientras tanto, todos —también los pequeños propietarios— hemos de contribuir a paliar una situación desesperada.
Medidas como la congelación de precios en zonas tensionadas, la regulación de los alquileres turísticos y de temporada o la conversión de los arrendamientos de vivienda habitual en indefinidos cobran, en la actual coyuntura, pleno sentido.
La solución a esta crisis, sin embargo, no llegará sin la colaboración entre administraciones de distinto signo político, pues nos enfrentamos a un problema complejo en el que no caben ni los planteamientos simplistas ni la confrontación partidista. Por muchos réditos electorales que la demagogia y la polarización puedan reportar a nuestros políticos, es urgente un pacto de Estado.
MI CASO PARTICULAR.-
Yo alquilo dos viviendas que suman casi 300 m² en pleno centro de Vitoria-Gasteiz, distribuidas en ocho habitaciones (varias con sala de estar, vestidor y balcón privados), con sus correspondientes zonas comunes (incluido un salón-cocina-comedor de 40 m² en una de las propiedades) y un total de siete cuartos de baño (seis de ellos de uso individual y uno compartido por dos personas).
Es decir, ofrezco un servicio de alto nivel que ha requerido una importante inversión y cuyo precio —465 € mensuales de media por habitación— está en consonancia con sus características. Esto me reporta una rentabilidad que ronda el 5 % (4 % después de impuestos). Teniendo en cuenta que mi banco ya me ofrece un 3 % de interés solo por depositar mi dinero, sin el esfuerzo que conlleva la gestión de ocho alquileres, considero más que justificado el rendimiento económico que obtengo.
Habrá quien considere excesivo el alquiler de una habitación a partir de determinada cantidad. A estas personas las invitaría a ponerse en el lugar del propietario y responder honestamente a una pregunta: ¿Tú alquilarías al mismo precio un piso de 150.000 € que uno de 450.000 €?
En ninguna cabeza cabe que el alquiler de una pequeña habitación interior con baño compartido por cuatro o cinco personas en un piso del extrarradio —por poner un ejemplo— tenga que ser el mismo que el de una habitación amplia y luminosa, con baño privado, en una vivienda reformada y situada en una de las mejores zonas del centro de la ciudad. Es de sentido común.
DESAHOGO FINAL.-
Confío en que estas reflexiones hayan servido de algún consuelo a quienes, como yo, se sienten injustamente señalados. Y aunque podría dar por concluido mi desahogo, hay un par de preguntas que todavía me rondan la cabeza y que necesito expresar.
¿Por qué el propietario de un hotel que alquila una habitación por 150 € la noche es un empresario respetable y yo, cuando alquilo una habitación equivalente por 15 € la noche, soy un especulador sin escrúpulos? Que alguien me lo explique.
Porque yo también he invertido mi patrimonio, asumo riesgos, presto un servicio de calidad y pago mis impuestos, algo que muchos parecen obviar cuando acusan al rentista de ser un parásito que no aporta nada a la sociedad.
Yo doy alojamiento a ocho personas. ¿A cuántas das tú?
FUENTES Y REFERENCIAS
• Fiscalidad de la vivienda nueva: informe EY–ASPRIMA (2026).
• Parque de viviendas en alquiler: Observatorio del Alquiler, estudio sobre el perfil del propietario de viviendas en alquiler en España.
• Vivienda pública: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, datos sobre el parque público de vivienda.
• Salarios: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024.
• Salario mínimo interprofesional: Boletín Oficial del Estado (BOE), normativa de 2026.
• Pobreza: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza.
