Todos los presidentes del Gobierno en los últimos 50 años han sufrido un fuerte desgaste político y recibido duras críticas por parte de la oposición. Probablemente ninguno, sin embargo, haya sido objeto de una campaña de descalificación tan persistente y personal como Pedro Sánchez, hasta el punto de pretender convertirlo, más que en un adversario político, en una persona moralmente despreciable. Una descalificación que se ha extendido también a su familia. Algo inaceptable en democracia.
Yo no soy sanchista. Y no lo soy, fundamentalmente, porque desearía que mi presidente del Gobierno fuera una persona conciliadora que buscara consensos no solo por necesidad, sino también por vocación. Sánchez ha demostrado capacidad de diálogo. Una pena que no haya sabido ejercerla con quienes buscan su destitución.
Reconciliarse con la oposición pudiera parecerles a algunos una estrategia equivocada y contraproducente, incluso una posición ingenua por mi parte, pero yo no lo comparto. Cuando uno entra en contacto con quien opina diferente, sin demonizarlo, con serenidad, la desconfianza tiende a disminuir y las posturas a suavizarse, facilitando así los puntos de encuentro y la convivencia.
Sin conflicto no hay progreso, esto es evidente, pero no se puede mantener el conflicto de manera permanente. Combatir determinadas ideas no exige despreciar a quienes las defienden. La ausencia de diálogo entre el Gobierno y la oposición ha contribuido a atrincherar las posiciones y a deteriorar el ambiente político hasta hacerlo irrespirable. La culpa —sobra decirlo— no es atribuible exclusivamente a Pedro Sánchez. La responsabilidad es compartida.
Ya en 2020 promoví la campaña Ética Política, en la que solicitábamos a todos los partidos que aceptaran un código ético de comportamiento que rebajase la tensión y favoreciera el diálogo sosegado y productivo entre adversarios. Se sumaron a esta propuesta 56.557 personas, además de destacados intelectuales y políticos de prácticamente todo el espectro político. No sirvió de nada. De hecho, desde entonces hemos ido a mucho peor.
Hoy los cambios de posición mediante el debate y la persuasión son una anomalía y el insulto la norma. Todo es blanco o negro, sin matices. ¿Dónde quedan los principios democráticos en un sistema parlamentario que parece haber olvidado el valor del diálogo sincero y respetuoso con quien piensa diferente?
Resulta muy tentador —lo sé por experiencia propia— recurrir a la simplificación de la realidad, la demagogia, la hipérbole o la apelación al miedo para defender nuestras posiciones. Sin embargo, no nos podemos permitir caer en esta trampa que algunos actores políticos nos tienden de manera interesada para ganar visibilidad y capitalizar el descontento social. En ese campo de batalla —el de la manipulación y exacerbación de las emociones— tenemos todas las de perder. Y no me refiero a un sector concreto, sino a toda la sociedad.
Es en este ambiente político viciado donde hemos de situar el antisanchismo, un fenómeno que precede a los casos de corrupción. Resulta desalentador descubrir la falta de escrúpulos de personas de la máxima confianza del presidente del Gobierno. No obstante —y no le resto con ello un ápice de gravedad—, también es cierto que ese mismo Gobierno ha conseguido importantes avances para este país. En 100mas.com he hecho el ejercicio de recopilar cien de ellos.
Aún queda mucho terreno en el que avanzar: reducir la desigualdad, combatir la precariedad, incrementar los salarios, defender la sanidad y la educación públicas, facilitar el acceso a una vivienda digna y acelerar la transición energética, entre otros muchos retos pendientes.
Y estoy convencido de que avanzaremos más rápido y llegaremos más lejos si lo hacemos desde el respeto y con propuestas en positivo: sin provocar miedo ni incitar al odio, sin imposiciones arbitrarias y escuchando los argumentos de todos los sectores de la sociedad. Y no solo por razones éticas, sino también prácticas. La confrontación sistemática entre administraciones de diferente signo político, de cuya colaboración dependen asuntos tan urgentes y complejos como el de la vivienda, no parece la estrategia más inteligente. Y a los resultados me remito.
Ante la cita electoral del 29 de noviembre, y a pesar de la desafección que muchos ciudadanos podamos sentir, hemos de acudir a las urnas y preguntarnos seriamente a quién prestamos nuestro voto. El resultado determinará, en buena medida, las condiciones de vida de millones de personas.
No todas las medidas que adopte el próximo Gobierno serán de nuestro agrado. Es imposible que así sea, pues cada uno de nosotros tiene sus propios problemas y, a menudo, soluciones distintas a un mismo problema. De hecho, entre los cien avances mencionados anteriormente, hay varios que a mí económicamente me perjudican: soy propietario de dos viviendas arrendadas en una zona tensionada.
Sin embargo, no creo que votar consista necesariamente en elegir a quien mejor defienda nuestros intereses particulares, sino en preguntarnos qué proyecto político puede contribuir más al bienestar del conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva considero que deberíamos afrontar las próximas elecciones generales.
